El día internacional de los pueblos indígenas se conmemora cada nueve de agosto. La fecha fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas en 1994, para reivindicar los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios.
Sin embargo, a pesar de múltiples instrumentos legales que buscan garantizar el respeto, promoción y protección de las diversas culturas indígenas, existen acontecimientos históricos que han marcado la memoria social con desigualdad, discriminación y racismo. En este contexto, se abordan los principales desafíos a los que se enfrenta el Pueblo Xinka en Guatemala, reconocido en 1,995 como uno de los pueblos originarios del país, mediante el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
El pueblo xinka se mantiene en permanente lucha y resistencia, ante la vulneración de derechos individuales y colectivos. A pesar de ser reconocido en 1995 como uno de los tres pueblos originarios de Guatemala, las autoridades estatales han negado su existencia, para justificar la violación a los derechos de un pueblo que no se da por vencido.
En el marco del día internacional de los pueblos originarios, es preciso abordar la problemática del pueblo xinka, originada por la desigualdad, discriminación, racismo y falta de oportunidades. La colonización y los 36 años de conflicto armado interno relegaron a los xinkas en segundo plano y atentaron contra sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.
El pueblo xinka de Guatemala, a pesar de haber iniciado un proceso de reivindicación y lograr importantes avances en materia de derechos individuales y colectivos, aún enfrenta flagelos que atentan contra la cultura, entre los que se puede mencionar:
Un problema latente en la sociedad, en donde el reclamo de los defensores para exigir el respeto hacia los derechos desemboco en la criminalización de más de 300 personas, desde el 2010. Incluso en la actualidad, hay personas ligadas a proceso o investigación. Cabe mencionar que el poder del Estado, se ha utilizado para disuadir o evitar el reclamo de los derechos.
Los gobiernos hablan de desarrollo integral, pero no atienden las necesidades del 43.75% de la población integrada por los pueblos originarios, según el censo del INE realizado en el 2018. El presupuesto nacional no se distribuye con enfoque de inclusión y de nuevo el pueblo maya, xinka y garífuna se posicionan en segundo plano. Sin ninguna garantía o acceso a condiciones dignas de salud, educación y desarrollo.
En este sentido, los pueblos originarios de Guatemala han participado en manifestaciones pacíficas para pronunciarse por la falta de desarrollo con enfoque de inclusión. Además, presentaron una acción de inconstitucionalidad, para expulsar el penúltimo párrafo del Art. 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, porque contraviene el Art. 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la Protección Especial de Tierras.
La finalidad de la inconstitucionalidad es que los pueblos originarios tengan las mismas condiciones de desarrollo en los terrenos comunales, para la construcción de estructuras dignas destinadas para salud, educación, entre otras.
Las comunidades xinkas desde el inicio de la pandemia sufrieron los embates de la mala administración de recursos de parte del Gobierno. Los centros asistenciales ubicados en el territorio xinka colapsaron de forma rápida por el incremento de casos positivos.
Las restricciones de horario y movilidad, repercutieron de forma directa en la economía de las familias xinkas y multiplicaron los índices de desempleo, desnutrición, pobreza y pobreza extrema. Además, ninguno de los programas sociales destinados a apoyar a familias vulnerables llego a las comunidades. La reversión de los efectos del Covid- 19 se suman a los desafíos del pueblo xinka, para alcanzar la igualdad, democracia e inclusión.
El contexto nacional actual es poco favorable para la reivindicación de derechos de los pueblos originarios. La categoría de gobierno democrático y republicano del país no es garantía, debido a la cooptación de los tres poderes del estado. La corrupción e impunidad sumergen una vez más a la población en la miseria y pobreza, porque la riqueza se concentra en unos pocos.
Sin embargo, los pueblos originarios no se rinden y promueven acciones concretas, con el fin de combatir este problema social que ha afectado a Guatemala durante muchos años. El rechazo a la corrupción ha sido evidente, mediante manifestaciones pacíficas que, exigen la renuncia del señor Alejandro Giammattei, a la presidencia de la república de Guatemala. Así, como la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público Consuelo Porras.
Por lo tanto, alcanzar el desarrollo integral en el país incluye mejorar las condiciones de vida de los habitantes de pueblos originarios, mediante la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva.