Los defensores del territorio del Pueblo Xinka de Guatemala han sido objeto de múltiples violaciones a los derechos humanos y atentados contra su integridad. En la mayoría de los casos, los hechos de violencia han quedado impunes y la justicia se ve lejos, en un país en donde hace falta mucho por hacer, para garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
Prueba de ello, es la falta de consulta previa, libre e informada al pueblo Xinka sobre el Derecho Minero El Escobal. La instalación de este proyecto en la región ocasionó la ruptura del tejido social, generó conflicto comunitario y originó la criminalización de líderes, autoridades y defensores del territorio.
Uno de los hechos que marcaron la memoria social del Pueblo Xinka fue el 27 de abril del 2013, en donde 7 miembros de la resistencia pacífica del Pueblo Xinka fueron victimas de un ataque armado de parte de Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de Minera San Rafael, ahora conocida como El Proyecto Minero El Escobal.
En una entrevista realizada en abril de 2020, Luis Fernando García Monroy, víctima del ataque armado, recuerda este hecho de violencia que marco y cambio su vida para siempre.
El 27 de abril del año 2013, siete defensores del territorio permanecían en la resistencia pacífica, frente al Proyecto Minero El Escobal, para manifestar su rechazo y evidenciar la clara violación a los derechos del pueblo Xinka, por la falta de consulta previa, libre e informada.
Según el relato de Luis Fernando García Monroy, defensor del territorio e integrante de la resistencia pacífica. El día del ataque armado llegó al callejón público frente a la Minera El Escobal, cuando eran las 16:00 horas, acompañado de su padre, hermano y otros compañeros. En ese momento salió Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de la mina, quien mientras expresaba insultos desenfundó su arma de fuego y disparo contra ellos.
Durante el ataque armado, García Monroy recibió varios impactos de bala, dos de los disparos le provocaron el desprendimiento de la mitad del rostro, a la altura de la nariz. El padre de Luis Fernando y otros 5 compañeros, entre ellos un menor de edad, también resultaron heridos. Mientras Alberto Rotondo y otros guardias disparaban en contra de los defensores del territorio, les gritaban expresiones que connotaban odio y discriminación hacia el pueblo Xinka.
La discriminación hacia el pueblo Xinka ha sido histórica, incluso por las mismas instituciones de gobierno, tal y como señala Luis Fernando en su relato. Porque después del ataque armado no recibieron atención digna de parte de la Policía Nacional Civil, ni del centro asistencial al que fueron trasladados.
Luis Fernando recuerda que, al ser ingresado al Hospital Regional de Cuilapa “rompieron su camisa” y le entregaron una bata y un pants, ropa que fue despojada al salir del nosocomio. Ya que la falta de atención médica llevo a Luis Fernando y a su padre a pedir a los bomberos voluntarios ser trasladados a un hospital de Guatemala.
La madrugada del 28 de abril del 2013, Luis Fernando y su padre fueron trasladados al Hospital Roosevelt, en donde los ingresaron a sala de operaciones. García Monroy recuerda que, despertó a las 15:00 horas, rodeado de familia y amigos.
Las secuelas del ataque armado cambiaron de forma radical la vida de Luis Fernando, ya que fue sometido a cuatro operaciones, le hicieron un colgajo de piel para repararle el rostro, necesitó tres años de terapias para recuperar la movilidad del labio. Tenía complicaciones para respirar, a causa de siete fracturas en el tabique, por lo que en el 2016 fue sometido a otra operación.
Además de las complicaciones de salud, García Monroy tuvo que mantener reposo durante 3 años, en los cuales no pudo trabajar ni estudiar. A raíz del ataque perdió el olfato y respira en un 80%, tiene limitaciones para trabajar en el campo, porque realizar esfuerzo le genera sangrados de nariz.
Este hecho de violencia marco la vida de Luis Fernando y de su familia, quien después del ataque armado ha enfrentado varios procesos para reincorporarse con normalidad a su vida. Sin embargo, sigue vigilante y atento al proceso de reivindicación de derechos del Pueblo Xinka, quienes exigen justicia ante el brutal ataque.
Para Luis Fernando García Monroy, como para muchos defensores, la justicia es un privilegio grande al cual no tienen acceso. La impunidad predomina en un país como Guatemala, en donde la justicia esta cooptada por sectores de poder que vulneran los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
Luego del ataque armado, se hicieron las denuncias correspondientes en contra de la Minera San Rafael, ahora conocida como Proyecto Minero El Escobal. Alberto Rotondo, señalado de cometer el ataque, intento huir tres días después y fue capturado el 30 de abril en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Desde el 2013 hasta el 2015, las víctimas del hecho de violencia participaron en audiencias, en donde la justicia se inclinó ha responder a los intereses de Rotondo y ofrecieron dinero a los sobrevivientes, para comprar su silencio. El 16 de noviembre del año 2015, Alberto Rotondo abandonó el país y “escapo” para regresar a Perú. En febrero del 2016 fue recapturado en Lima, pero el hecho sigue si esclarecer justicia.
En el 2014 la Corte Canadiense aceptó la demanda en contra de Tahoe Resources, en ese entonces propietario de Minera San Rafael. Este acontecimiento estableció un precedente importante para todos los pueblos indígenas, que luchan contra la instalación de proyectos mineros. Y finalmente, en julio de 2019 la empresa minera reconoce la responsabilidad en el brutal ataque armado y pide perdón a las víctimas.
Sin embargo, a ocho años de haber ocurrido el hecho de violencia predomina la impunidad y falta de justicia. Por ello, el Pueblo Xinka pide la extradición de Alberto Rotondo, pero las autoridades no reportan avance en este caso. Cabe mencionar que, las condiciones de vida para los Xinkas no han cambiado mucho. Aún se encuentran en proceso de diálogo para establecer el proceso de pre consulta y consulta, contexto que representa peligro latente para líderes comunitarios, quienes buscan la garantía de los derechos individuales y colectivos.
La Minera San Rafael ahora conocida como Proyecto Minero El Escobal y propiedad de Pan American Silver fue suspendida por la Sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, de fecha 03 de septiembre de 2018, dentro del expediente 4785 – 2017.
El pueblo Xinka exige el cumplimiento a la libre determinación y a la consulta previa, libre e informada. El proceso de diálogo entre las partes involucradas para llevar a cabo la pre consulta y consulta se retomó en marzo del 2020 hasta la fecha.
Por lo tanto, se tenía previsto iniciar con el proceso de preconsulta el 20 de abril de 2021, pero fue suspendido por el Ministerio de Energía y Minas a causa del Estado de Prevención declarado el viernes 16 de abril, por el presidente de la República.